"4,32 millones de personas con discapacidad,
más de 8.000 asociaciones luchando por sus derechos"
Actualidad
Álvaro García Bilbao (CERMI): “La reforma de la legislación civil y procesal debe ir vinculada a una transformación de la mentalidad social y de los profesionales del derecho”
29/04/2021
El Presidente de la Comisión de Personas con Discapacidad Mayores del CERMI, Álvaro García Bilbao, afirma que la reforma de la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica debe ir vinculada a un “cambio en el entorno”, a una “transformación de la mentalidad social” y especialmente, de los profesionales del derecho, que han de prestar sus respectivas funciones, a requerimiento de las personas con discapacidad.
Así lo manifiesta en un artículo de opinión publicado en el boletín digital editado por el Consejo General de Colegios de Habilitados de Clases Pasivas que trata sobre la reciente aprobación por parte de la Comisión de Justicia del Congreso del proyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal para sustituir la incapacidad judicial de las personas con discapacidad en general y de las mayores en particular, por un sistema de apoyo individualizado que les permita tomar sus propias decisiones de forma libre e informada.
Y es que, tal y como asegura, muchas de las limitaciones vinculadas tradicionalmente a la discapacidad no han procedido de las personas afectadas por ella sino de su entorno -barreras físicas, de comunicación, cognitivas, de actitudes y jurídicas- que han “cercenado sus derechos y la posibilidad de su ejercicio”.
La reforma, impulsada por el CERMI, contempla, a su juicio, un “nuevo y más acertado enfoque” que sustituye el planteamiento basado en “necesidades” que considera a las personas mayores como receptores pasivos, para fundamentarse en una “cuestión de derechos humanos”.
En este sentido, resalta que esta nueva perspectiva apuesta por el reconocimiento a la titularidad de los derechos de las personas mayores y por los principios de independencia, participación, dignidad, asistencia y realización de un proyecto vital y responsable para ejercer sus derechos y deberes, contribuyendo activamente al desarrollo de la sociedad.
De hecho, García Bilbao asegura que esta ley supone la “puesta al día del derecho en un tema como es el del respeto al derecho de igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica”. Y es que, “en los últimos años esto viene siendo objeto de atención tanto por parte del Consejo de Europa como por el propio Parlamento Europeo y por los ordenamientos jurídicos de los países de nuestro entorno”, afirma.
De la misma manera, explica que gracias a esta ley se permitirá que las personas que antes estaban incapacitadas por razón de discapacidad puedan adquirir una vivienda, vender un bien privado o hacer testamento “siempre con la garantía de que recibirán los apoyos técnicos y humanos que precisen para el ejercicio de esta potestad”.
Asimismo, recalca que esta reforma “afectará a siete leyes del derecho privado” - Código Civil, la Ley del Notariado, la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la de Sucesiones, la del Registro Civil y la Ley de Patrimonio- y que trata de adaptar el ordenamiento jurídico español al espíritu de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
